7 de febrero de 2007

ACERCA DE LA INEXISTENCIA DE LOS DERECHOS SOCIALES EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL CHILENO.

En términos ideales, no cabe duda el señalar que los Derechos Humanos (más bien su contenido), son valores que deberían ser íntegramente respetados y concretizados en todas las naciones, basados principalmente en su esencia, fundamento y objetivo: la dignidad de la persona humana.

No nos referiremos en esta ocasión a los Derechos Civiles y Políticos ni a su emergencia, puesto que no es nuestro objetivo, sino al establecer una crítica en particular a la conceptualización de los Derechos de segunda generación, y en específico a los denominados Derechos Sociales.

Sabido es que los denominados Derechos Sociales emergen en la historia contemporáneamente al desarrollo de los primeros movimientos políticos y sociales de trabajadores a mediados del Siglo XIX, comenzando su época constitucional en el período de entreguerras, principalmente ante la sorpresa y temor que causa en dicho continente el triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia en el año 1917.

Sin embargo estos Derechos, doctrinalmente hablando, no son considerados derechos subjetivos, sino más bien prestaciones que debe realizar el Estado o bien finalidades que éste debe cumplir. En ese sentido, se establecen por la doctrina constitucional liberal como objetivos políticos y sociales a los que deben tender los Estados, enmarcados dentro de su función de garantizar el Bien Común, reconociendo como principal limitación la capacidad económica con que cuente cada uno de éstos.

Por ésta razón, dichos derechos no gozan de tutela jurisdiccional en la mayoría de los sistemas políticos, puesto que atentan contra la lógica de desarrollo del sistema capitalista, por tanto, como no hay derecho sin acción, es imposible considerarlos como tales. Nuestro ordenamiento no escapa a dicha característica, y sólo son judiciables cuando es dable subsumirlos en otros derechos que sí están protegidos (igualdad ante la ley, honor, propiedad) o cuando normas de inferior jerarquía los desarrollan y protegen.

En nuestro sistema constitucional, es por lo menos difícil considerarlos como objetivos políticos y sociales del Estado, por los siguientes motivos:

1.- Para considerarlos como tales, debiesen estar indubitablemente incluidos dentro de las Bases de la Institucionalidad. En ésta no se hace referencia más que al deber del Estado a “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible” y al deber del estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

De este texto no cabe mas que establecer que el Estado tiene un rol pasivo (respeto y promoción de los Derechos Humanos) y subsidiario (contribuir a crear las condiciones para realizarse en forma espiritual y material).

Nada se señala respecto a un rol activo del Estado en cuanto a que sea una función de este el generar condiciones para el efectivo cumplimiento de los propósitos sociales, dejándose asimismo subordinado su rol subsidiario a los Derechos establecidos en el catálogo del capítulo III, siempre y cuando se trate de integrantes de la comunidad nacional.

Así las cosas, no es posible considerarlos como objetivos políticos y sociales de la Organización Estatal sino mas bien de otros sujetos no determinados por la Carta Magna.

2.- Es difícil corroborar la existencia de éstos como objetivos estatales, cuando el encabezado del Capítulo III (que se aplica distributivamente a sus numerales) establece claramente que él se refiere a Garantías Individuales, y sólo es posible concebir alguna función del Estado cuando es mencionado en su texto en forma expresa, no estando establecidos en él mayores deberes u objetivos que éste deba cumplir.

3.- Los numerales se refieren a los Derechos Sociales no los establecen como algo hacia lo cual debe tender el Estado, sino como una de las funciones sociales que deben ser ejecutadas tanto por los privados como por él, impidiendo a este último un monopolio o papel preponderante, otorgándole deberes de promoción y supervigilancia. En este sentido, los Derechos Sociales no son tales, sino que se encuentran regulados en el ámbito de las libertades (junto con sus expresas libertades correlativas), y principalmente las libertades económicas, siendo la función principal del Estado el proteger el ejercicio de estas últimas.

4.- Por lo anterior, cualquier intención legislativa de establecer un rol preponderante y activo del Estado respecto a los Derechos Sociales, inclusive como actividad económica, deberá primero sortear las limitaciones que el conjunto de las libertades constitucionales establecen, más aún teniendo en consideración la fuerte protección con que cuentan los derechos y libertades patrimoniales y económicos.

5.- Tanto es así, que de no estar estas desarrollados estos derechos mediante la legislación, no incurriría el Estado en infracción alguna, sin encontrarse afectos a otra responsabilidad que no fuese la política.

Podemos concluir entonces que los denominados Derechos Sociales, en nuestro sistema constitucional, no existen como tales y tampoco como objetivos políticos y sociales del Estado. En seguida, podemos señalar que sólo son una voz vacía que pretende teñir de responsabilidad social a una Constitución que en sus bases fundamentales se opone a la consecución de tales fines y a un rol preponderante del Estado en tales temas (sea bajo formas socialistas o estructuralistas), privilegiando la inserción y desarrollo de tales elementos dentro del mercado, sin considerar (dolosa o negligentemente) el perjuicio que esto conlleva para los sectores mas desposeídos de la población.

La realidad debe ser analizada de acuerdo al contexto concreto en que se encuentra, y la realidad de nuestra Constitución es ciertamente ésta. Lo demás, son solo abstracciones destinadas a creer que nuestro sistema democrático es socialmente justo, o bien una forma de creer que analizando de forma benévola la Constitución, es un poco menos mala de lo que en verdad es.

11 de enero de 2007

Proyecto Minero en el Lago Lleu-Lleu: otro intento más de despojo contra Nuestro Hermano Pueblo Mapuche

El Lago Lleu-Lleu, ubicado en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco, 8ª. Región, es el escenario de un nuevo intento de despojo del gobierno de la Concertación en contra de Nuestro Hermano Pueblo Mapuche para favorecer los negocios de los Grandes Empresarios Nacionales y Extranjeros. En efecto, en este lago, ubicado en plena Cordillera de Nahuelbuta, desde el año 2005 se viene avanzando en la implementación por parte del empresario chileno Jaime Troncoso Sáez en sociedad con la minera mexicana Manto Rojo de un proyecto para explotar escandio, vanadio y rutilo, minerales de alto valor usados en la industria aeroespacial (construcción de naves espaciales y aviones) que, de concretarse, implicaría la erradicación de todos quienes viven en los alrededores del lago (en cuya ribera habitan 17 Comunidades Mapuches que suman aproximadamente 2000 personas) debido a la contaminación total del agua y la tierra de la zona, pues dichos minerales son radiactivos.

El problema para el gobierno es que el Lago Lleu-Lleu fue declarado Área de Desarrollo Indígena antes de que esos minerales fueran descubiertos, por lo que esas tierras no pueden ser expropiadas legalmente si no hay acuerdo con sus habitantes y además parte importante de estos participan activamente del Movimiento de Liberación Nacional Mapuche que encabeza la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto (CAM), organización mapuche anticapitalista y revolucionaria, que no participa del circo electoral ni vive de dineros de proyectos que el gobierno (a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, el Programa “Orígenes y diversos Ministerios) así como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de varias Potencias Imperialistas (Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etc) entregan “generosamente” a otras Organizaciones Mapuches y de Pueblos Originarios en general, con el fin de integrarlas al Sistema y comprarse a sus Dirigentes. De hecho, en varias de las 17 comunidades que bordean el Lleu-Lleu existen conflictos entre estas y capitalistas chilenos o extranjeros, como por ejemplo, entre la Comunidad Pascual Coña y un empresario de apellido Carvajal que desea hacer un Proyecto Turístico en tierras de esta o entre la Comunidad Juana Millahual de Rucañanco y la Forestal Mininco, de la que esta comunidad logró recuperar tras varios años de lucha 35 hectáreas de plantaciones de pino que actualmente están siendo cortadas y reemplazadas gradualmente por los cultivos tradicionales mapuches hechos en base al trabajo comunitario, siendo las tierras propiedad colectiva de todos los miembros de dicha Comunidad.

Ante ello el gobierno de la Concertación está intentando despejar los obstáculos para el proyecto minero usando varias tácticas como:

1.- Negar su existencia, lo que es totalmente falso pues en el Conservador Minero de la zona se hallan inscritas por la empresa Manto Rojo 3100 hectáreas de concesión en el Lago Lleu-Lleu; este proyecto ya terminó su proceso de estudio, definiéndose 5 lugares de explotación de los minerales; la Intendencia de la 8ª. Región en conjunto con los municipios de Contulmo, Cañete y Tirúa (cuyo alcalde es el “Yanacona” Alfredo Millabur, militante del Partido por la Democracia PPD) está discutiendo con la excusa de “desarrollar el turismo” un Proyecto de Circunvalación del Lleu-Lleu consistente en un camino que rodearía todo el lago y que perfectamente podría utilizarse también para sacar minerales; pero lo más “curioso” de todo es que en la localidad de Quidico, comuna de Tirúa, con la autorización del Alcalde "Yanacona” Millabur se está estudiando la instalación de una Planta de Purificación de Relaves.

2.- Tratar de convencer a los afectados de que les conviene más irse de sus tierras ancestrales, para lo cual el ex gobernador de la provincia de Arauco, Néstor Matamala, junto a concejales de Contulmo y funcionarios del SERVIU, MOP, Programa Orígenes y la Conadi hicieron una reunión con los comuneros en Julio de 2005, siendo tan rotundo el rechazo a su propuesta que el ex gobernador Matamala y demás autoridades debieron literalmente “salir arrancando” ante la airada reacción de los afectados, por lo que a partir de esa fecha han intentado tentarlos con “generosos subsidios” de la Conadi en donde ofrecen entregarles terrenos de hasta 15 hectáreas en cualquier otro lugar con apenas $ 20.000 de ahorro por familia con la única condición de que se vayan del lago.

3.- Intentar comprarse a dirigentes y comuneros en general, como por ejemplo, en Marzo de 2005 cuando el entonces presidente de la Comunidad Juana Millahual de Rucañanco autorizó a a cambio de $ 300.000 al empresario Jaime Troncoso Sáez a instalar una antena de monitoreo satelital en tierras comunitarias, lo que afortunadamente fue impedido por los demás comuneros, quienes en una decidida acción expulsaron a Troncoso y sus trabajadores del terreno y acto seguido derribaron la antena, desconociendo como presidente a dicho “dirigente” y eligiendo en su lugar a un werkén o vocero, quien sólo puede hablar o actuar con el consentimiento de la comunidad.

4.- Utilizar resquicios legales como el argumento de que la declaración de la zona como Area de Desarrollo Indígena sólo abarca al suelo y no al subsuelo de esta, lo que eventualmente permitiría autorizar la explotación de minas en sus tierras sin el consentimiento de sus habitantes.

5.- Reprimir abiertamente a quienes se oponen más decididamente al Proyecto Minero. Para demostrarlo basta decir que desde mediados del 2004 hasta enero del 2006 sólo la Comunidad Juana Millahual de Rucañanco fue allanada 7 veces con un amplio despliegue policial que incluyó carros lanzaaguas y lanzagases, helicópteros y hasta 400 efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros para una comunidad que en total no suma más de 100 personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos (es decir, un promedio de 4 policías por comunero y de un allanamiento cada 2 meses y medio) y que desde Septiembre del 2005 hasta Febrero de este año la Armada instaló Infantes de Marina en la Isla Cau-Cau Huapi ubicada al interior del lago, los que sólo fueron retirados luego de que los comuneros iniciaran una Campaña Contra la Militarización del Lago Lleu-Lleu que logró realizar un Acto de Denuncia en la Quinta Normal de Santiago el 23 de Enero y una Marcha en Botes hasta la Isla donde estaba la Base de los Marinos el 3 de febrero pasados. Sin embargo, los Marineros fueron reemplazados por efectivos del Gope de Carabineros que en lanchas Zodiac patrullan el lago día y noche.

Es necesario además mencionar que todos estos hechos han sucedido en medio de un cerco informativo casi absoluto por parte de los Medios de Comunicación Masivos que, salvo escasas excepciones para la Marcha en Botes del 3 de Febrero pasado, en la práctica no han hablado del tema.
“Precisamente por eso es urgente que todo el mundo sepa lo que está pasando en el Lago Lleu-Lleu, para que la gente pueda conocer y solidarizar con nuestra lucha” señaló a “Prensa Marxista-Leninista” Juan Llanquileo Antileo, werkén (vocero) de la Comunidad Juana Millahual de Rucañanco, quien agrega: “ esta lucha que hoy estamos dando no es sólo por las pérdidas económicas que el proyecto minero nos causaría, que de por sí ya son bastantes, imagínense por ejemplo que gente de algunas comunidades al declararse el lago Área de Desarrollo Indígena invirtió la poca plata que tiene en cabañas para turismo y con este proyecto esa inversión se iría a las pailas, también está el perjuicio para todos los demás habitantes de la zona que no podríamos seguir cultivando la tierra y viviendo según nuestras tradiciones, ya que al perder la tierra de nuestros ancestros y partir cada familia para su lado, se disolverían las comunidades y con ellas nuestra identidad como mapuches, desaparecería nuestra cultura. Por eso nuestra pelea no es por platas más o platas menos, por lograr proyectos del gobierno o de ONGs o porque nos den mejores tierras en otra parte, no, nuestra pelea es para que el proyecto minero no se concrete y de esa manera poder seguir existiendo como comuneros mapuches, viviendo de acuerdo a nuestra cultura, en donde la comunidad es lo central y no el dinero como en el capitalismo. Y para eso estamos dispuestos a dar la vida. Por eso es importante la solidaridad de todos los que combaten al Capitalismo, sean Mapuches, Chilenos o de cualquier otro Pueblo, para que el Gobierno y los Grandes Empresarios sepan que aquí en el Lleu-Lleu no estamos solos”.

El desafío entonces ya está planteado, ahora sólo nos queda responderles con hechos concretos a Nuestros Hermanos y Hermanas Comuneros Mapuches del Lago Lleu-Lleu que efectivamente no están solos en la pelea y que esta no es más que otro combate en la Lucha de Todos los Pueblos que Viven en Chile contra su Enemigo Común: El Capitalismo.

¡No a la Minera en el Lago Lleu Lleu !

¡A Defender el Lago Mapuche!

¡Tierra, Autonomía y Socialismo para los Pueblos Originarios de Chile y el Mundo!



Fuente: http//:prmlchile.blogspot.com